Según los informes más recientes, cada ciudadano español se deshace anualmente de entre 20 y 30 kg de textil. Por cada kg de ropa recuperada se evita la emisión de 6,1 kg de CO₂.

En España se generan anualmente más de un millón de toneladas de residuos textiles, de las que únicamente se recuperan 110.000 toneladas. Es el cuarto sector con más impacto negativo en el medioamiente, el tercero en uso de materias primas, según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). No obstante, la industria textil circular es un sector en crecimiento que está en el punto de mira de distintas organizaciones, así como de las legislaciones europea y española. No solo por los beneficios ambientales, sino también sociales, como es la creación de empleo verde.

Desde 1996, la cantidad de ropa que compra un europeo medio ha aumentado un 40% debido a la caída de los precios y el surgimiento de la “fast fashion”. El 73% de los residuos textiles que se generan, acaba en vertederos o siendo incinerados.

¿Qué contempla la nueva Ley?

La nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados aprobada el pasado mes de abril en el Congreso, prohíbe la destrucción de excedentes en lo que al textil se refiere y determina que la recogida selectiva de textiles será obligatoria a partir de 2025 en todos los municipios. Apuesta decididamente por herramientas claves para la economía circular implantando un nuevo marco jurídico básico para los residuos. Su finalidad es alcanzar los nuevos y más exigentes objetivos de prevención y gestión de residuos que ha fijado la UE para todos los Estados miembros a partir de 2025.

El primer objetivo, según la jerarquía de residuos, es la reutilización a través de empresas comercializadoras de ropa de segunda mano, porque el mejor producto sostenible es el que ya se ha fabricado y no tiene más costes ni impactos de fabricación. 

Los cambios comenzaron en 2021 con la prohibición de la destrucción de excedentes no vendidos, y siguen en 2022 con la obligación de recoger los residuos posconsumo, a través de puntos de recogida en tienda u otras vías. El tercer paso será el más complejo: se deberán establecer objetivos de reutilización y reciclaje de los desechos recaudados.

¿Dónde van los desechos recogidos?

El problema textil ha de ser tratado por todos los agentes de la cadena de valor. La colaboración y la integración de procesos es fundamental: desde el ecodiseño y la producción a la gestión de los residuos deben trabajar en conjunto.

Las prendas que se encuentran en buen estado se recuperan para su reutilización y se distribuyen en canales de venta o donación nacional e internacional. 

En los últimos tiempos, grandes empresas como Inditex, El Corte Inglés, Mango y H&M han puesto en marcha proyectos de colaboración con instituciones destinadas a la recogida de ropa usada. Y es que en España hay un interés creciente en cuanto a la compra de segunda mano. Los precios asequibles y la conciencia ecológica y social de los consumidores es cada vez más notable. Sirva como ejemplo que las tiendas de moda secondhand de Humana Fundación Pueblo para Pueblo han aumentado sus ventas un 11,8% en 2021 respecto a 2019. La ropa comprada en tiendas de segunda mano reemplaza la adquisición de piezas nuevas, lo que contribuye a la prevención de emisiones de CO₂ y de posteriores residuos textiles.

Los artículos que, por motivos de suciedad o rotura, no puedan ser reutilizados, pero sí reciclados, se destinan a la producción de trapos industriales o materiales aislantes. 

Por último, existe un porcentaje de desechos rechazados que no pueden ser recuperados, los cuales, de ser posible, son destinados a valorización energética.

Beneficios principales

Según los informes más recientes, cada ciudadano español se deshace anualmente de entre 20 y 30 kg de textil. Un estudio de la Federación Humana People to People, concluye que por cada kg de ropa recuperada se evita la emisión de 6,1 kg de CO₂. Las 18.313 toneladas recuperadas el año pasado en España evitaron la emisión de 111.700 toneladas de CO₂.

Además del beneficio ambiental, la reutilización de textiles supone otros beneficios sociales, como la creación de empleo verde, la contribución en programas de cooperación internacional al desarrollo, y apoyo local y a la agricultura urbana en España.

Puesto que la recogida selectiva de textiles será obligatoria a partir de 2025, las empresas están ya trabajando en proyectos de adaptación que permitan adaptarse cuanto antes.